Diario de Mallorca, 10 de abril de 2009
Estoy aburrido, hasta el hastío, del protagonismo que adquiere cíclicamente el tema lingüístico en nuestras islas. Unos defienden los derechos y libertades de los castellanoparlantes, obviando que hay ámbitos monolingües en castellano como la administración de Justicia, Correos, Policía o la Guardia Civil. Otro tanto con los catalanoparlantes que defienden su equidad en los ámbitos exclusivos del castellano, pero pasan por alto que en la enseñanza, las administraciones municipales, los Consells y la CAIB sólo se usa el catalán. Ambos defienden su lengua si está en inferioridad, pero pasan de largo cuando el monolingüismo es a su favor.
Cada vez que intento razonar esta cuestión la respuesta siempre es una evasiva que acaba aludiendo a los excesos de los otros, mirando la paja en ojo ajeno y sin un ápice de autocrítica por su lado. No defienden derechos ni libertades individuales sino ideologías: unos y otros razonan sus objetivos, pero nunca reconocen que caen en los mismos errores su oponente. Hacen exactamente lo mismo; solo cambia la lengua que defienden. En sus pugnas dialécticas no hay ningún interés en debatir ni llegar a consensos: es un fuego cruzado de posiciones cerradas, una guerra dialéctica de desgaste eternizada a pesar de su inutilidad. Con gran ligereza se injuria al oponente tildándolo de fanático, fascista o totalitario, dando un espectáculo escasamente cívico.
Todo esto está lejos de cualquier debate social, con necesidades más urgentes que un tema lingüístico que apenas genera conflictos. Me gustaría saber por qué otros derechos no tienen implicaciones tan apasionadas: me gustaría ver cada día un despliegue similar para el derecho a una vivienda digna (art. 47 de la Constitución), a atención sanitaria sin listas de espera, a pensiones de jubilación justas, a una jornada de 40 horas semanales, a una alimentación digna (la malnutrición no ha desaparecido), a una universidad de calidad, una justicia ágil y rápida, ayudas para familias numerosas, por maternidad, etc.
No sería fácil, ya que tocaría estamentos de gran poder como la banca, la construcción o la sanidad privada. Pero parece que algunos defensores de libertades lingüísticas tienen sus necesidades cubiertas, se dejan llevar por disquisiciones de salón, o necesitan crear conflictos (ejercer de pirómano y bombero a la vez) que eviten la concienciación sobre cuestiones realmente vitales. Es triste ver gente sin trabajo, ahogada por la hipoteca o que no llega a final de mes, que no sabe cómo hacerse escuchar. Excepto si reclaman derechos lingüísticos.
Estoy aburrido, hasta el hastío, del protagonismo que adquiere cíclicamente el tema lingüístico en nuestras islas. Unos defienden los derechos y libertades de los castellanoparlantes, obviando que hay ámbitos monolingües en castellano como la administración de Justicia, Correos, Policía o la Guardia Civil. Otro tanto con los catalanoparlantes que defienden su equidad en los ámbitos exclusivos del castellano, pero pasan por alto que en la enseñanza, las administraciones municipales, los Consells y la CAIB sólo se usa el catalán. Ambos defienden su lengua si está en inferioridad, pero pasan de largo cuando el monolingüismo es a su favor.
Cada vez que intento razonar esta cuestión la respuesta siempre es una evasiva que acaba aludiendo a los excesos de los otros, mirando la paja en ojo ajeno y sin un ápice de autocrítica por su lado. No defienden derechos ni libertades individuales sino ideologías: unos y otros razonan sus objetivos, pero nunca reconocen que caen en los mismos errores su oponente. Hacen exactamente lo mismo; solo cambia la lengua que defienden. En sus pugnas dialécticas no hay ningún interés en debatir ni llegar a consensos: es un fuego cruzado de posiciones cerradas, una guerra dialéctica de desgaste eternizada a pesar de su inutilidad. Con gran ligereza se injuria al oponente tildándolo de fanático, fascista o totalitario, dando un espectáculo escasamente cívico.
Todo esto está lejos de cualquier debate social, con necesidades más urgentes que un tema lingüístico que apenas genera conflictos. Me gustaría saber por qué otros derechos no tienen implicaciones tan apasionadas: me gustaría ver cada día un despliegue similar para el derecho a una vivienda digna (art. 47 de la Constitución), a atención sanitaria sin listas de espera, a pensiones de jubilación justas, a una jornada de 40 horas semanales, a una alimentación digna (la malnutrición no ha desaparecido), a una universidad de calidad, una justicia ágil y rápida, ayudas para familias numerosas, por maternidad, etc.
No sería fácil, ya que tocaría estamentos de gran poder como la banca, la construcción o la sanidad privada. Pero parece que algunos defensores de libertades lingüísticas tienen sus necesidades cubiertas, se dejan llevar por disquisiciones de salón, o necesitan crear conflictos (ejercer de pirómano y bombero a la vez) que eviten la concienciación sobre cuestiones realmente vitales. Es triste ver gente sin trabajo, ahogada por la hipoteca o que no llega a final de mes, que no sabe cómo hacerse escuchar. Excepto si reclaman derechos lingüísticos.